San José
PENAL DE LIBERTAD, ESPACIO MEMORIAL Y CAMINO
EX CENTRO DE DETENCIÓN Y TORTURA
SITIO DE MEMORIA
El Penal de Libertad fue un espacio de represión y violación sistemática de los derechos humanos en el marco de la política represiva del terrorismo de Estado. Fue creado para alojar presos políticos y se caracterizó por el encierro masivo y de larga duración. Más de 30 personas murieron allí debido a la tortura y la falta de asistencia médica. Es también un espacio de resistencia sostenida a lo largo de años por los presos políticos allí recluidos y sus familiares.
El Establecimiento Militar de Reclusión Nº1 (EMR1), conocido como Penal de Libertad, se inauguró en 1972 para reunir a los presos políticos que, tras la declaración del Estado de Guerra Interno en abril de ese año, se acumulaban en cuarteles militares de todo el país.
El edificio está en el departamento de San José, próximo a Libertad, la ciudad que le da al penal su nombre popular. En la década del treinta había sido proyectado allí un establecimiento penitenciario denominado Colonia Educativa de Trabajo que pretendía apostar a la recuperación de los detenidos para devolverlos a la sociedad. El espacio comenzó a construirse en 1935 pero la iniciativa finalmente no prosperó por falta de recursos.
A comienzos de la década del setenta se lo refaccionó con un propósito completamente opuesto: el de convertirlo en cárcel política y centro represivo.
Un decreto de 1972 dispuso que el lugar serviría de “local de reclusión de los imputados, procesados y condenados por actividades subversivas”. Además, se estableció que el Comando General de Ejército tendría a su cargo la operación del establecimiento.
Las mujeres, por su parte, fueron derivadas al Establecimiento Militar de Reclusión Nº2 conocido como Penal de Punta de Rieles.
A partir del 1º de octubre de 1972 comenzaron a ser trasladados al Penal de Libertad los primeros presos políticos que se convirtieron en 2.872 a lo largo de los 13 años de su funcionamiento. Militantes de diversas organizaciones políticas y sociales fueron parte de su población carcelaria.
El penal representa un lugar emblemático de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la prisión indebida, la tortura física y el homicidio político. Sus víctimas y familiares dan testimonio de haber vivido un régimen de hostigamiento constante y tortura psicológica planificada por personal especializado, entre ellos psicólogos.
También se mencionan los castigos en calabozos de aislamiento y la falta de atención médica y de medicamentos.
Son 35 las víctimas fatales de la represión en este establecimiento y cientos de presos que quedaron con secuelas permanentes en su salud física y mental.
El penal estaba constituido por un edificio principal y cinco barracas. El edificio, construido sobre pilares a unos diez metros sobre el suelo, contaba con cinco pisos, que se dividían en dos sectores, que a su vez tenían dos alas de ladrillo y reja.
Cada piso, sector y ala estaban aislados del resto. Se estima que los presos allí encerrados estaban subdivididos en unos treinta grupos incomunicados entre sí. Había una fuerte custodia militar rotativa que algunas veces se realizaba con perros.
La Sala de Disciplina, tal como la denominaban las autoridades del penal, era el lugar de castigo extremo caracterizado por el encierro, el aislamiento y la destrucción de la persona durante semanas e incluso meses. Según los testimonios, se trataba de una edificación de una sola planta, sin más abertura que la puerta, con tres sectores de diferentes tipos de calabozo, sin ventanas e iluminados a través de unos ladrillos de vidrio a la altura del techo.
Los familiares que asistían a la cárcel recuerdan el maltrato y la humillación que se vivía en cada visita. Luego de largos traslados desde distintos puntos del país, adultos y niños emprendían un camino de un kilómetro y medio a pie por un descampado cargando bolsos que contenían el complemento alimenticio y los materiales permitidos para los presos. Este recorrido lo hacían sin garantía de que se pudiera concretar el encuentro con sus familiares detenidos.
El EMR1 funcionó hasta el 10 de marzo de 1985, fecha en que salieron en libertad los últimos presos. En 1986 un motín en la Cárcel de Punta Carretas llevó al cierre de esa cárcel y motivó la reapertura del Penal de Libertad como prisión de máxima seguridad. Su denominación actual es Unidad Nº3 y depende del Ministerio del Interior.
La violación a los derechos humanos persiste todavía en las cárceles uruguayas y la responsabilidad continúa siendo del Estado. Según relata el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, en base al monitoreo del sistema carcelario, “las muy malas condiciones materiales, asistenciales o de convivencia en la privación de libertad constituyen trato cruel, inhumano o degradante y, en algunos casos, hasta tortura”. Petit también ha denunciado “la falta de tratamiento apto para la reinserción social” por lo que la cárcel se convierte en “una prisión sin objetivos, meramente custodial, punitiva e incapaz de generar rehabilitación”.
PENAL DE LIBERTAD, ESPACIO MEMORIAL Y CAMINO EXCENTRO DE DETENCIÓN Y TORTURA
El 15 de mayo de 2018, en el marco de la ley 18.596, se inauguró un memorial conformado por una gran puerta con los nombres de los presos políticos que estuvieron recluidos en el penal. Es el resultado del trabajo de una Comisión pro Memorial integrada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol y la Comisión de Memoria de la ciudad de Libertad integrada entre otros vecinos por representantes del Comité Héctor Vinelli.
En 2021 la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria declaró sitio de memoria el espacio memorial, el camino que transitaban los familiares y el edificio donde funcionó el EMR1.